La puesta en práctica o la aplicación de un acuerdo internacional es considerada por la doctrina como aquellos procedimientos jurídicos a la disposición de los sujetos del derecho internacional para cumplir sus compromisos, ejercer sus derechos o asumir sus obligaciones.
En el caso de la Convención de Montego Bay, eso implica la distinción entre la aplicación de la norma "relativa al régimen de los espacios y al régimen de las actividades". Dicha aplicación se manifiesta, por una parte, a través de los actos jurídicos jurisdiccionales, los actos unilaterales y los actos acordados entre Estados, así como, por otra parte, a través de las acciones políticas y diplomáticas.
En lo que concierne a los efectos de la Convención para un Estado tercero, parece evidente a primera vista que "un tratado no crea ni obligaciones ni derechos a un Estado tercero sin su consentimiento". Teniendo en cuenta el efecto relativo de los tratados para las partes -res inter alios-, un Estado tercero no está obligado por la Convención de Montego Bay excepto si el Estado lo acepta por escrito. Sin embargo, las reglas de un tratado devienen obligatorias para el Estado tercero por la vía de la costumbre internacional: "Una regla enunciada dentro de un Tratado será obligatoria para un Estado tercero en tanto que la regla consuetudinaria sea reconocida como tal".
