El actual gobierno nacional recauda la casi totalidad de los tributos generados por las riquezas provinciales y distribuye dicha recaudación de acuerdo con su criterio político: favorece, por medio de la copartipación, a los gobernadores e intendentes municipales adeptos al gobierno en detrimento de quienes no lo son. De tal forma, los extorsiona para que se alineen detrás de las políticas del Estado nacional, obligándolos a corromperse con el solo objetivo de recibir los fondos que necesitan para su propio funcionamiento operativo.

Así aparecieron los radicales K, los peronistas alineados y demás. El más claro ejemplo es el de la gran cantidad de intendentes municipales peronistas que no eran adeptos al gobierno, pero debieron alinearse detrás de él para no generar pobreza en sus comunas por falta de fondos. Quienes no lo hicieron tienen grandes problemas de funcionamiento por no poder contar con los fondos necesarios para su desarrollo.

Ante esta circunstancia, nos encontramos ante un gobierno totalmente unitario, como pocas veces vio la historia argentina. Se pierden por completo los preceptos constitucionales de tener un sistema republicano y federal. Esta práctica del mal uso de la billetera presidencial debe finalizar de inmediato porque atenta contra los principios federales de nuestro sistema político y produce un grave deterioro a la República. Hay que volver a intendencias y provincias autónomas para reconstruir el país.